La corrupción, antítesis de la buena administración pública

Cuando se habla de la “administración pública”, se hace referencia al conjunto de instituciones y organismos que ejercen la función gubernamental en sus diferentes responsabilidades y niveles. En simple, consiste en el ejercicio del poder público y la gestión de recursos y servicios para atender las necesidades de la sociedad. 

Las funciones de la administración pública son realizadas por «funcionarios», personas servidoras públicas, que por la prestación de sus servicios devengan un salario, tienen responsabilidades, obligaciones y derechos, y deben ajustar su actuación a normas y protocolos previamente emitidos para tal efecto.

 

Uno de los principios fundamentales de la administración pública y del ejercicio del gobierno es el que establece que “los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que expresamente les confiere y les faculta la ley”. Esto es, el principio de Legalidad.

 

Este principio exige que todos los órganos de la administración pública actúen conforme a la ley. Significa que cualquier acción o procedimiento realizado por las autoridades debe estar fundamentado en una norma legal vigente y aplicable, garantizando así el respeto al orden jurídico y evitando la arbitrariedad.

 

Contar con una «buena administración pública» es un derecho ciudadano por el que se deben garantizar servicios eficientes, transparencia, equidad y respeto a sus derechos, asegurando que el Estado actúe con ética en beneficio del bienestar común.

 

Para cuidar que exista una buena administración pública, el propio Estado cuenta con un “Sistema Anticorrupción” que tiene, entre sus principales instrumentos, el Régimen de Responsabilidades Administrativas, mismo que establece, promueve y vigila que las y los servidores públicos realicen su trabajo en apego a la ley y a la ética.

 

Este Régimen encuentra sus bases en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, norma de carácter global para todas las entidades y órdenes públicos en México, que establece los principios de actuación, las conductas ilícitas, las sanciones para quienes la incumplen y el procedimiento a seguir en ese caso.

 

Lo que esta ley protege es, precisamente, el derecho a la buena administración pública. Es decir, el bien que tutela es el derecho ciudadano a tener un gobierno ejercido de forma eficiente, transparente, justo y respetuoso de la legalidad.

 

Entendemos entonces que lo contrario a la «buena administración pública» es la «corrupción», en otras palabras, el abuso de poder para beneficio propio o de unos cuantos, afectando la justicia, la ética y el bienestar común.

 

Aunque la corrupción tiene muchas formas y muchos ámbitos de penetración, para efectos del Régimen de Responsabilidades Administrativas, estas conductas antijurídicas son calificadas como Faltas Graves y Faltas No Graves.

 

Ambas son perseguidas y sancionadas. Se diferencían en que las faltas graves son actos de corrupción, abuso de poder o daño al erario, con sanciones severas. Y a su vez, las faltas no graves son incumplimientos “menores” de deberes administrativos, con sanciones más moderadas.

 

Para juzgar y resolver sobre aquellas faltas graves, existen los Tribunales de Justicia Administrativa. Y para las faltas no graves, resuelven los propios órganos internos de control.

 

¿Habías escuchado este término? Los órganos internos de control son dependencias en las propias instituciones públicas que se encargan de capacitar y promover buenas prácticas en la función pública, de auditar de manera interna el uso de los recursos públicos y de llevar los procedimientos para sancionar a las y los funcionarios que cometen conductas inadecuadas, contrarias a la ética o antijurídicas.

 

Es importante que la ciudadanía sepa que cuenta con esta vía administrativa para denunciar a las personas servidoras públicas que consideren estan actuando de manera errónea o dolosa o cometiendo una de estas malas prácticas. Lo único que tiene que hacer acercarse al órgano de control interno.

 

Procurar y mantener el derecho a la buena administración pública debe ser un esfuerzo permanente tanto de la sociedad, como del gobierno. Por ello, es necesario que las y los ciudadanos denuncien los actos incorrectos de las y los funcionarios públicos, y más aún, darle seguimiento a las denuncias para verificar que la autoridad haga su trabajo y castigue estas conductas. Es la forma más viable de erradicar la corrupción. Mauricio Molina Rosado, junio de 2025.