El relato de la norma: La comunicación como pilar de la certeza jurídica

En el mundo del Derecho, en el que se acostumbra usar un lenguaje técnico, complejo, y dirigido a un foro que se presume con una intelectualidad jurídica lejana a la mayoría de la población, se supone que una norma es válida porque cumple con requisitos ligados al proceso por sí mismo, pero muchas veces no se toma en cuenta si la población la entiende, la acepta o la legitima. Por ello, es común que todos los días se realicen modificaciones legales por parte de las y los legisladores, pero que su contenido y su aplicación no ‘baje’ hacia la población y, por tanto, sea más complicado su complimiento.

Históricamente, Derecho y Comunicación han transitado por senderos paralelos que rara vez se cruzan con la profundidad necesaria. Mientras que el jurista se concentra en la validez específica de la norma y su encuadre en la jerarquía constitucional, el comunicador se enfoca en la percepción, el mensaje y la construcción de la realidad social. Sin embargo, en la complejidad de los tiempos que vivimos, esta separación resulta no solo obsoleta, sino peligrosa para la salud democrática. Una norma que nace del consenso legislativo pero que es incapaz de ser comprendida por el ciudadano común, corre el riesgo de convertirse en un ‘derecho de papel’, una estructura formal carente de eficacia social, lo cual resulta un problema cuando recordamos que, fundamentalmente, las normas están para regir y armonizar la convivencia social.

Con base en esto, con un camino recorrido en el servicio público y en la docencia aplicada a la comunicación (estratégica y de gobierno), entendí que el Derecho necesita de la comunicación no como un accesorio, sino como una condición ontológica para que la ley cumpla su fin último: tutelar la convivencia humana en un entorno de paz y justicia. Por ello, ya como abogado, decidí emprender la tarea de aportar en el desarrollo de esta área, conjugar ambos mundos para fortalecer la asimilación de las normas en la sociedad y, con esto, coadyuvar desde mi trinchera a solidificar el estado democrático de derecho.

A partir de lo anterior, parto de la premisa de que las leyes, principalmente, son instrumentos de armonía social y no meros catálogos de sanciones. El propósito del marco legal es establecer los límites y las posibilidades de nuestra vida en común, protegiendo la dignidad humana, estableciendo nuestros derechos y obligaciones, y organizando y limitando el ejercicio del poder. No obstante, esta armonía se ve gravemente amenazada cuando existe una brecha cognitiva entre el legislador (quien hace las leyes) y el gobernado (quien debe acatarlas). Si la población percibe la ley como un ente extraño, redactado en un lenguaje críptico y distante, el sentimiento de pertenencia al pacto social se erosiona. La verdadera vigencia de una norma no reside únicamente en la capacidad coercitiva del Estado para imponerla, sino en el grado de aceptación y comprensión que la ciudadanía tenga de ella, su legitimación, lo cual solo se logra mediante procesos de socialización estratégica.

La comunicación institucional especializada en el marco normativo debe ser entendida, entonces, como un mecanismo de garantía de derechos. Es decir, no se trata simplemente de difundir boletines de prensa, sino de diseñar estrategias que permitan traducir la complejidad jurídica a una narrativa ciudadana sin perder el rigor técnico. En este sentido, el marketing político y las relaciones públicas aplicadas al ámbito legislativo operan como puentes de inteligibilidad. Por ejemplo, cuando se trata de una reforma constitucional —que por el simple hecho de modificar la carta magna se entiende como importante—, es comunicada con eficacia, se reduce la incertidumbre y se evita que la desinformación o el pánico social llenen los vacíos dejados por el silencio oficial. La transparencia informativa es, en última instancia, el antídoto contra la arbitrariedad y el fundamento de una cultura de la legalidad robusta. En la era de la infodemia y de las fake news, informar con oportunidad, honestidad y asertividad, debe ser el camino de la estrategia para la asimilación social de la norma.

Este proceso de socialización no debe ser visto como una tarea secundaria tras la aprobación de una ley, sino como una fase integral de la técnica legislativa moderna. Legislar, y procurar la asimilación de la ley son igualmente importantes. Desde el diseño de una reforma, es imperativo realizar un mapeo de actores y un análisis de impacto comunicacional que permita prever cómo será recibida la norma por los distintos sectores de la sociedad. Al aplicar las herramientas de las relaciones públicas al ámbito público, el Estado puede gestionar de manera proactiva las expectativas y las resistencias. Por ello, una ley que es explicada a través de foros de parlamento abierto, diálogos ciudadanos y campañas educativas bien segmentadas, adquiere una legitimidad de origen que facilita enormemente su entendimiento, implementación y reduce la conflictividad social en el largo plazo.

Un énfasis particular merece el impacto de esta simbiosis en el fortalecimiento del Estado de Derecho y su relación con el desarrollo económico. La certeza jurídica no es solo un concepto abstracto para los tribunales; es el activo más valioso para cualquier sector productivo. Si se logra que el marco legal sea claro, accesible y previsible, se generará un entorno de confianza, que es el combustible indispensable para la inversión y el crecimiento. Las empresas, desde las grandes corporaciones hasta los pequeños negocios familiares, así como los profesionistas independientes, requieren de un suelo firme para operar. Una ley mal comunicada genera confusión interpretativa, lo que a su vez deriva en riesgos operativos, costos de transacción innecesarios y una judicialización excesiva que asfixia la productividad de una nación.

Por el contrario, cuando el Estado invierte en una comunicación legal profesional, está invirtiendo directamente en competitividad. Sí. El fortalecimiento del Estado de Derecho a través de una mejor comprensión del marco legal permite que los agentes económicos (mayormente las empresas) tomen decisiones informadas y seguras. Por ejemplo, si un emprendedor comprende con claridad las reglas de propiedad, las obligaciones fiscales o las normativas laborales, su energía se concentra en la innovación y el servicio, y no en la defensa jurídica frente a normas que ni siquiera sabía que existían o que no comprendía cómo aplicar. La certeza jurídica es, por tanto, una forma de justicia social que democratiza el acceso a las oportunidades económicas y protege el patrimonio de quienes apuestan por el desarrollo del país.

En este contexto, la figura del comunicador con formación jurídica —o del jurista con visión estratégica— se vuelve esencial para la estabilidad institucional. Este perfil híbrido tiene la capacidad de auditar la comunicación desde una perspectiva de derechos fundamentales, asegurando que los mensajes gubernamentales no solo sean persuasivos, sino que respeten los principios de neutralidad, veracidad y respeto a la privacidad. En la era de la posverdad, donde las noticias falsas pueden desestabilizar la percepción de una ley en cuestión de minutos, la capacidad de respuesta institucional debe ser rápida pero profundamente anclada en la verdad jurídica. La comunicación política no puede permitirse ser propaganda vacía, sino que debe ser pedagogía constante.

La armonía social, objeto de este análisis, se construye en el día a día a través de la interacción de millones de ciudadanos que confían en que las reglas del juego son justas y conocidas por todos. Esta confianza es frágil y se rompe cuando la ley se siente como una trampa o una herramienta exclusiva de las élites. Por ello, la formulación de estrategias de socialización eficaces es una responsabilidad ética del Estado. Debemos transitar hacia modelos de comunicación que utilicen todas las herramientas del marketing moderno (segmentación de audiencias, narrativa transmedia, análisis de datos) para llevar el mensaje de la ley a cada rincón de la sociedad, adaptando el tono y el canal pero manteniendo siempre el núcleo de la integridad normativa.

Es fundamental recalcar que una población que comprende su sistema legal es una población menos vulnerable a los abusos de autoridad y más capacitada para exigir sus derechos. La educación cívica a través de la comunicación estratégica empodera al ciudadano y lo convierte en un coautor del orden social. Cuando el habitante de una nación entiende el propósito de una reforma fiscal, ambiental o de derechos humanos, su participación en la vida pública se vuelve más racional y menos emocional, lo cual es la base de cualquier democracia madura. La comunicación es el lubricante que permite que los engranajes del sistema jurídico giren sin fricciones innecesarias, evitando el desgaste de la estructura social.

Desde la perspectiva de los sectores productivos, la claridad en la norma socializada reduce drásticamente la discrecionalidad administrativa. Al haber un entendimiento público generalizado sobre el contenido y alcance de una ley, los funcionarios encargados de aplicarla tienen menos margen para interpretaciones arbitrarias que puedan perjudicar a los negocios o profesionistas. Así, la certeza jurídica deja de ser un privilegio de quienes pueden costear grandes firmas de abogados para convertirse en un bien público al alcance de todos los actores que mueven la economía.

Asimismo, la gestión de crisis reputacionales en el ámbito público y privado debe integrar esta visión jurídica. Muchas crisis de imagen que enfrentan las organizaciones tienen su origen en un desconocimiento o mala interpretación de la norma vigente. Contar con especialistas que dominen el lenguaje del litigio y el lenguaje de la opinión pública permite manejar estos incidentes con un enfoque preventivo y restaurativo.

Finalmente, la profesionalización de la comunicación legal es el siguiente gran paso en la evolución del Estado moderno. Quienes tenemos la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones de comunicadores y abogados debemos insistir en que el conocimiento técnico es incompleto sin la capacidad de socializarlo de manera eficaz. El éxito de una nación en el concierto global dependerá, en gran medida, de su capacidad para ofrecer certeza jurídica a sus habitantes y socios económicos, una meta que solo es alcanzable cuando la palabra legal y la estrategia de comunicación se funden en un solo propósito: el bienestar y la armonía de la sociedad a la que sirven. -Mauricio Molina Rosado. Abogado y publirrelacionista con más de 20 años de trayectoria en el servicio público. Posgraduado en comunicación, mercadotecnia polítíca, administración pública y gobierno. Docente universitario.